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... Reclamo ambiental    


José Molinelli
Geomorfólogo
sábado, 21 de junio de 2003



No puede haber una economía saludable en un ambiente enfermo. Los que se enriquecen del uso inadecuado de nuestros recursos naturales arguyen que la destrucción del ambiente es un costo necesario del "progreso". Quieren que el gobierno debilite las leyes y reglamentos ambientales, que sea más condescendiente con los violadores, que se desaliente la participación pública, que no se asignen los recursos necesarios para la protección efectiva del ambiente, y que se considere muchas de las leyes y reglamentos ambientales como un impedimento al desarrollo económico. Consideran que el examen y estudio riguroso de los impactos ambientales es una pérdida de tiempo y quieren la aprobación inmediata de sus proyectos. Estos intereses son muy poderosos, influencian desproporcionadamente a los partidos y hacen que quiten y pongan funcionarios de acuerdo a como le sirven a sus intereses. Son muy egoístas capitalizando las ganancias, pero muy generosos socializando los costos.

Somos nosotros los que pagamos las consecuencias. El impacto económico y ambiental de muchos de estos proyectos es absorbido por la sociedad al tener que invertir centenares de millones de dólares en obras de infraestructura para servir las necesidades de nuevos proyectos ubicados en lugares inadecuados. Es así como tenemos que invertir nuestros recursos en nuevas obras de infraestructura para servir las necesidades de los proyectistas y mitigar a corto, mediano y largo plazo sus impactos, a pesar de que estos recursos se necesitan para mejorar los servicios médicos, la calidad de la educación, la protección del ambiente y muchas otras áreas prioritarias.

El costo social, económico y ambiental del desparramamiento urbano se reduce marcadamente si la nueva construcción se ubica en lugares adecuados donde la inversión en nueva infraestructura es mínima porque ya existe.

En esencia, el conflicto es de carácter geográfico. La pregunta no es si se debe construir, sino dónde y cómo se construye. Es aquí donde el gobierno tiene que asumir el liderato.Para lograr una sociedad de progreso sustentable es necesario desarrollar un balance adecuado entre la población, los recursos y el ambiente. En el caso de una isla como Puerto Rico, este balance reviste una importancia crítica. Durante el siglo pasado, la isla de Puerto Rico experimentó un aumento de más de 300% en el número de habitantes.

Con una densidad de unas 1,100 personas por milla cuadrada, Puerto Rico es actualmente uno de los países más densamente poblados del mundo. Esta población impone serias demandas sobre el uso de la tierra y de los recursos naturales, por lo que el gobierno está llamado a ejercer un control efectivo para evitar su mal uso y degradación.A pesar de todos los reglamentos locales y federales que entraron en efecto a partir de la década del 1970, la Isla enfrenta serios problemas relacionados a la destrucción de hábitats en ecosistemas costeros, ribereños, montañosos, cársticos y humedales como consecuencia del desparramamiento urbano que pone en peligro la subsistencia de casi un centenar de organismos que ya han sido incorporadas a la lista de especies amenazadas o en peligro de extinción.

El uso ineficiente de la energía, la dependencia creciente en el automóvil, el incremento en la generación de desperdicios sólidos y la falta de mecanismos eficientes para la implementación de políticas de reducción, reuso, reciclaje y disposición de residuos, también está creando serios problemas de contaminación en comunidades a través de toda la Isla. La erosión y sedimentación de ríos, embalses, bahías y zonas costeras, así como la contaminación de importantes acuíferos, playas, estuarios y sistemas fluviales, reducen la calidad de nuestras aguas.

La pérdida de áreas verdes a consecuencia del desparramamiento urbano aumenta día a día a un ritmo exponencial. Gran parte de estos nuevos desarrollos se ubican en los llanos aluviales donde abundan los suelos de alta capacidad agrológica. Esto ha ocasionado la pérdida sustancial y sistemática de terrenos fértiles donde único la agricultura mecanizada de alto rendimiento es viable. A este ritmo, en 20 años, la Isla habrá perdido los mejores suelos agrícolas que aún le restan, y los puertorriqueños habremos perdido la capacidad de alimentarnos, lo que nos hará más dependientes y más vulnerables a los vaivenes de la economía global.

La planificación inadecuada del uso de la tierra no sólo conlleva serias consecuencias ambientales, sino también acarrea repercusiones sociales, políticas y económicas que pueden alterar de manera significativa la calidad y el estilo de vida que muchos disfrutan. Para muchos, no obstante, la conexión entre las actividades humanas y sus repercusiones en todos ámbitos no siempre es evidente. Pocos se imaginan que el exceder la franquicia de extracción de agua de un acuífero podría resultar en la salinización del agua de pozos cercanos a la costa, o que la urbanización y la deforestación de terrenos en porciones altas de una cuenca podría aumentar la incidencia y la magnitud de inundaciones en áreas más bajas, aumentar los costos de purificación de agua, afectar adversamente los arrecifes de coral y erosionar las playas.

Los ciudadanos hemos encomendado al gobierno la responsabilidad de manejar nuestro acervo de recursos naturales de forma sensata y efectiva para que sirva a las generaciones presentes y futuras. Hoy más que nunca se hace imperativo que el gobierno cumpla el compromiso contraído en el Proyecto Puertorriqueño para el Siglo XXI, el cual está basado no en continuar sepultando la isla en hormigón y asfalto, sino en la implantación de políticas de desarrollo sustentable. A dos años y medio de gobierno, sin embargo, continúa la destrucción del ambiente.

Exhorto a la gobernadora Sila Calderón, a que oiga los reclamos de justicia ambiental de miles de ciudadanos que se sienten decepcionados por un gobierno que día a día incumple sus propias políticas de planificación. En esto nos va la vida como individuos, como pueblo y como nación. Hay que crear un nuevo Puerto Rico donde los intereses de unos pocos no estén por encima del bienestar de todos los puertorriqueños.


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